La censura anticonstitucional del INE

Por Sergio Mejía Cano

Yendo hacia atrás, en otros tiempos electorales, no se encuentra que el Instituto Nacional Electoral (INE), se hubiese puesto tantos moños tal y como se los está poniendo ahora en cuestiones de prohibir tácitamente difusión de avances y mejoras de los gobiernos de los tres niveles; y si bien está esto estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al parecer no se habían aplicado con el rigor con que se está haciendo hoy o se soslayaban de tal modo, que pareciera que se aplicaban y no.

¿En qué afecta en realidad que cualquier gobierno ya sea federal, estatal o municipal den a conocer obras y servicios efectuados o por efectuar en tiempos de elecciones? Se podría decir que esto es pura faramalla y una falta de respeto al electorado consciente que ya tiene de antemano definido su voto; y si bien pudiera haber ciudadanos indecisos, no por ver anunciado que se hizo o se va a hacer tal obra o se repartirán beneficios de tal o cual gobierno, ya con eso se van a sentir influenciados para definir su voto, pues por lo regular, la mayoría de esos indecisos son personas a las que poco o nada podrían significar lo hecho o por hacer de determinado gobierno; porque es probable que para esos indecisos o parte de ellos, eso sería como estar mirando unos comerciales en la televisión o ver cualquier tipo de propaganda del alguna tienda en los medios impresos de productos que jamás llegarán a sus manos o que nunca los llegarán a conocer personalmente, y que por lo mismo, no signifique en realidad nada para esos indecisos.

Y a propósito de comerciales televisivos e impresos, tal vez las autoridades electorales se vean reflejadas ellas mismas y crean que la influencia que pudieran ejercer los anuncios de este tipo pudieran hacer cambiar la forma de pensar de esa parte del electorado que se le dice indecisa, y que por eso es necesaria la censura en tiempos electorales de los logros de los gobiernos de los tres niveles, del partido político que sean.

Y tan mala decisión del INE es esta disposición, porque de lo que ahora está prohibido hablar, por ejemplo de los avances del Tren Maya, de ferrocarril interoceánico en el Istmo de Tehuantepec o del aeropuerto Felipe Ángeles o de otras obras que tengan en sus manos los gobiernos estatales o municipales, eso ya está en proceso y desde luego que las obras no paran, pues sigue su avance y, aunque no se promocionen, de todos modos siguen y siguen y, precisamente para una gran parte del electorado poco o nada les podría llamar la atención si tal vez jamás vayan a pasearse en el Tren Maya o necesiten los servicios de un tren de contenedores de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, o que requieran viajar y aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía; aunque posiblemente a muchos mexicanos les dé orgullo que el país avanza en cuestión de obras de gran trascendencia; sin embargo, queda claro que para otra gran mayoría de mexicanos les quede como un anuncio inmediato y después les llegue el olvido.

Ahora bien: De acuerdo al primer párrafo del artículo 7° constitucional, “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”.

Desde luego que esta es la esencia de dicho artículo de nuestra Carta Magna, que claramente dice entre otras cosas, que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, y por lo mismo ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura, que es, precisamente, lo que está haciendo ahora el INE. Porque así haya otras leyes secundarias y reglamentos, estos no pueden estar sobre el espíritu de lo que dicta la Constitución, por lo que se entiende que cualquier ciudadano, así sea el  mismo Presidente de la República, cualquier gobernador o presidente municipal, amparados por este artículo, podrían seguir diciendo lo que consideren necesario informar, mientras no se rebasen los límites del respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

Porque ni modo que seguir dando a conocer avances y logros gubernamentales sean ataques a cualquiera de los candidatos a cargos de elección popular. Por lo que se podría considerar que la censura del INE es una total incongruencia.

Sea pues. Vale.

 

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