MAGISTRADO SUSTITUTO EN NAYARIT

Por Luis Ignacio Palacios 

Es un procedimiento que establece su norma interna, inédita la circunstancia con que se inicia el movimiento de la legislación, empero, conforme a los presupuestos del caso, es viable el actuar del órgano colegiado, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, si tiene facultades para incoar la responsabilidad administrativa de los magistrados; su desafuero, es competencia del congreso local. 

Existe demasiada especulación del caso Infonavit; son variopintas las visiones desde dentro y de fuera de la administración, los medios hemos registrado los hechos y los trascendidos, empero, lo que procede es una realidad que impone y no la interpretación subjetiva de lo que está en la contienda, la existencia de hechos que pudiesen ser punibles está en manos de lo jueces de control, que, conforme a la última y reiterada expresión de Ismael González Parra, magistrado presidente, se debe de actuar conforme a las normas y sin consigna alguna, hemos de ver hasta dónde llega la plena independencia de criterio de los juzgadores. 

Frente al actuar de una Fiscalía General del Estado que ha incidido sobre la comunicación pública del caso y no sobre hechos que sustenten la carpeta de investigación; no lo conocemos, si bien el talentoso director de investigación ministerial el ex juez Rodrigo Benitez ha dicho que tienen la suficiente cantidad de medios de prueba, la fiscal anti corrupción no ha dado luz en este asunto, de ahí que, las funciones sustantivas del poder judicial, le dan marco teórico y justificativo para la prosecución del juicio penal. 

En su segunda sesión pública extraordinaria del presente año, con base en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designó este miércoles a los integrantes que serán instructores en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado. 

El nombramiento recayó en los magistrados Ana Isabel Velasco García, Miguel Ahumada y Alfredo Becerra Anzaldo por once votos contra uno del magistrado Raúl Gutiérrez Agüero. 

En la sesión que fue presidida por el magistrado Ismael González Parra se acordó la habilitación de la secretaria General de Acuerdos del Pleno, maestra Alma Rosa Martínez Rivera, para que funja como secretaria de Acuerdos en el trámite y substanciación de dicho procedimiento. 

Así también se aprobó la designación del maestro en derecho Guillermo Agustín Romero Ríos como el magistrado supernumerario en sustitución de Jorge Ramón Marmolejo Coronado, respecto a quien en la sesión anterior se acordó una suspensión provisional con motivo del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa relacionado con presuntas irregularidades procesales en perjuicio de numerosos acreditados del Infonavit. 

Se conoció que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales, relacionado con el juicio de amparo 221/2019,  informa al Tribunal Superior de Justicia que se niega al magistrado Marmolejo Coronado la suspensión provisional de los actos reclamados (su suspensión temporal en el cargo e inicio del respectivo procedimiento administrativo), “pues –explica el documento– de otorgarse se perjudicaría el interés general y el de la sociedad a la que importa el correcto y normal funcionamiento de las instituciones”. 

De esta manera se conoce en el escenario, las capacidades de los imputados por la FGE y su manejo en los juicios de derechos fundamentales, mientras el TSJ hace lo que le conmina su legislación interna; el talante del presidente del TSJ y del CEJ magistrado Ismael González Parra, no muestra la capacidad de llevar el asunto sin estridencias mediáticas y con sobria conducta en base a los presupuestos de su legislación interna. 

Es el tiempo de la catarsis, las responsabilidades punibles no se diluyen…

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